Las urgencias políticas, el principal enemigo de los proyectos de ley

RAÚL MERNIES / SEBASTIÁN CABRERA

La polémica retroactiva por la derogación en 2008 del artículo 76 de la ley 2.230, que permitió que la Justicia clausurara el expediente de los hermanos Peirano, evidenció una de las debilidades del Parlamento uruguayo: escaso asesoramiento legal.

En el caso de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, ahora varios legisladores dicen que desconocían que podría llevar a la clausura del expediente por el que fueron procesados los ex banqueros. Pero en el Senado el tema se votó sin discusión, y cuando pasó a Diputados y un legislador planteó una serie de dudas, desde la bancada del Frente Amplio se apuró el trámite para que se sancionara de inmediato.

Este caso llevó a que la semana pasada la senadora frenteamplista Constanza Moreira asegurara que "en nombre de la urgencia" el Parlamento se saltea instancias clave al elaborar y aprobar las leyes.

En el Parlamento el asesoramiento es responsabilidad de cada legislador. Diputados y senadores pueden apelar a cinco pases en comisión para contratar asesores y secretarios, además de partidas para gastos de secretaría por $ 70.000.

Fuentes de la Cámara Baja aseguraron que "esos cargos se usan para devolver favores, darles trabajo a viejos militantes. Son cargos políticos, la mayoría no son profesionales ni expertos en nada".

Pero el Poder Legislativo también tiene profesionales a disposición de los parlamentarios, aunque sus servicios no son muy requeridos.

En diputados hay una Asesoría Técnica conformada por dos abogados, una arquitecta, dos médicos, un escribano, dos sociólogos, un asistente social y un psiquiatra; no hay contador.

José Pedro Montero, secretario general de la Cámara de Diputados explicó a El País que la asesoría "trabaja con las comisiones a demanda de los legisladores" y destacó que los profesionales "hacen informes sólo cuando los legisladores piden".

Montero afirmó que el trabajo de esos asesores se vincula más a las comisiones, ya que "los legisladores no recurren mucho a la asesoría".

En el Parlamento también existe un departamento jurídico, pero no está al servicio de los legisladores.

A diferencia de otros parlamentos donde funcionan asesorías a las que se ingresa por concurso, en Uruguay lo que se hizo fue "agarrar oficiales de sala, de intendencia y administrativos que eran profesionales y con ellos se creó la asesoría técnica" a principios de la década del 90", explicó Montero.

A los abogados de esa oficina se les puede pedir asesoramiento en la elaboración de un proyecto de ley "para saber si en términos legales está bien redactado, o una proyección de qué repercusiones podría tener una ley si se aprueba".

En el Parlamento hay dos grandes visiones: unos entienden que sería bueno crear una oficina independiente para que asesore a todo el cuerpo de legisladores, y otros opinan que cada legislador tiene que tener sus asesores. Estos últimos desconfían del carácter "apolítico" de un grupo independiente que no sea de su extrema confianza.

Muchos diputados no toman en cuenta esta oficina técnica y prefieren recurrir a sus asesores personales.

"Uno allí (en la Asesoría) puede pedir antecedentes normativos, pero no es una asesoría legislativa con juristas a los que se pueda pedir ayuda en forma habitual. Eso lo resuelve cada legislador", explicó el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional.

En el Senado también existe una oficina que proporciona "derecho comparado" (legislación de diversos países), a la que suelen acudir senadores y diputados, pero el acceso masivo a Internet le restó utilidad a ese departamento.

El senador Gustavo Penadés cree que al Parlamento uruguayo le falta "una conducta de staffers como en Estados Unidos". Y explicó: "Un asesoramiento aséptico, no politizado. El Parlamento debe profesionalizar el trabajo de las comisiones, en detrimento del plenario", sentenció Penadés.

Alberto Couriel, senador del Frente Amplio, asegura no tener asesores: "Cuando necesito recurro a mis amigos de la Universidad de la República".

"Lo que no hay es un asesoramiento de toda la bancada. Nunca hubo oficinas que asesoraran jurídicamente", agregó.

Couriel contó que "el Parlamento no tiene información propia", e hizo referencia a que "en la información de los proyectos de ley depende mucho del Poder Ejecutivo".

El Informe de Desarrollo Humano en Uruguay expresa que en 2008 se presentaron en el Parlamento 6.690 proyectos de ley, de los que se aprobaron 2.361 leyes. El 66% de las leyes aprobadas correspondieron a iniciativas del Poder Ejecutivo.

Para el senador colorado Ope Pasquet "lo que condiciona la posibilidad de estudio de los proyectos es la urgencia política que hay detrás de cada tema". A su entender, "cuando la mayoría viene resuelta para hacer valer su condición de tal, se acortan los plazos y se vota desconociendo, incluso, el pedido que pueda hacer algún legislador. Se aprueba a lo loco y después hay que andar corrigiendo un error tras otro".

En agosto de 2008 el Colegio de Abogados alertó sobre el "franco deterioro técnico" de la redacción de las leyes. La presidenta del Colegio, Griselda Volonterio, dijo entonces que la comisión de asuntos legislativos trabajaría con el objetivo de ofrecerle asesoramiento al Parlamento. La iniciativa nunca tuvo respuesta.

Leyes cuestionadas

La ley que abrevia los juicios laborales se aprobó en 2009, su entrada en vigencia se prorrogó a febrero de 2010, pero la SCJ declaró inconstitucionales sus disposiciones y será modificada.

La ley de descentralización que creó las alcaldías fue votada en 2009. En marzo de 2010 se la modificó. Las autoridades de la Corte Electoral denunciaron que la ley fue "omisa en todo".

A fines de 2009 el Parlamento aplazó por segunda vez la entrada en vigencia de la ley que prohíbe a las sociedades anónimas rurales la tenencia de acciones al portador. Ya había sido aplazada por un año.

La ley de empadronamiento, votada el año pasado recibió críticas que advirtieron su mala redacción. Igual fue aprobada.